• Un informe de auditoría reveló la aprobación de documentos con antecedentes migratorios inválidos y fallas de control en la oficina del Registro Civil de Nancagua.

  • El órgano contralor ordenó la apertura de un sumario administrativo y remitirá la totalidad de los antecedentes al Ministerio Público.

La Contraloría General de la República dio a conocer el Informe Final N° 429 de 2026, el cual revela severas anomalias en el proceso de tramitación y otorgamiento de cédulas de identidad a ciudadanas y ciudadanos extranjeros en la Región de O’Higgins.

La investigación especial se centró en la oficina del Servicio de Registro Civil e Identificación en Nancagua, examinando una muestra de 50 de las 136 cédulas emitidas en dicha sede entre noviembre de 2021 y diciembre de 2022. El análisis surgió a raíz de antecedentes judiciales ligados a una presunta red dedicada a la obtención fraudulenta de documentos de identificación.

Principales hallazgos

Entre las irregularidades detectadas por el ente fiscalizador destacan:

  • Documentación migratoria no válida: Solicitudes tramitadas y aprobadas con antecedentes pertenecientes a otras personas, estampados electrónicos cuya autenticidad no pudo ser verificada y carnés emitidos sin elementos clave como códigos QR.

  • Deficiencias en las etapas de control: Las solicitudes avanzaron por las fases de digitalización y validación del Servicio de Registro Civil —incluso en el nivel central— sin que la Dirección Regional de O’Higgins contara con filtros idóneos para validar la documentación presentada.

  • Revisión puramente manual: En fiscalizaciones posteriores en la zona, la Contraloría constató que las verificaciones eran predominantemente visuales, omitiendo la corroboración efectiva de la validez e integridad de los documentos.

  • Cuestionamientos a procesos disciplinarios previos: La Contraloría objetó dos sumarios internos instruidos previamente por el Registro Civil (en 2022 y 2025) que cerraron sin establecer responsabilidades.

Acciones a seguir

Ante la gravedad de los antecedentes recopilados, la Contraloría General de la República instruirá unnuevo procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados.

Asimismo, los antecedentes serán remitidos alMinisterio Público para que se evalúen y persigan eventuales responsabilidades penales en el marco de las causas vigentes.