El Gobierno respaldó la operación del buque chileno Danstar, que planea conectar Punta Arenas con las Islas Malvinas para transportar alimentos y materiales de construcción. El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, afirmó que el Ejecutivo velará por la soberanía nacional y el cumplimiento de las leyes, pero aclaró que se trata de un negocio entre privados. El primer viaje está previsto para fines de noviembre o inicios de diciembre, según informó BioBioChile.
La ruta busca restablecer el abastecimiento de productos hacia el archipiélago. Argentina, que reclama soberanía sobre las islas, ha advertido sobre posibles consecuencias para quienes contribuyan a la actividad económica en la zona. Según BioBioChile, el presidente de la Liga Naval Argentina, Fernando Morales, habría amenazado con detener la embarcación, mientras que legisladores argentinos propusieron retirar beneficios a empresas chilenas involucradas.
Informes de inteligencia chilena, revelados por BioBioChile, advierten sobre la posibilidad de que fuerzas argentinas intercepten el buque durante su primer recorrido. El senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic, señaló que el asunto trasciende lo privado, considerando que participó la Municipalidad de Punta Arenas y el impacto comercial para la región austral. El senador Rojo Edwards pidió racionalidad al gobierno argentino, argumentando que la ruta busca abastecer a la población con productos como carne, pollo y leche.
Qué significa para tu bolsillo: Esta ruta comercial no tiene efecto directo inmediato en los precios o servicios para la mayoría de los chilenos. Sin embargo, si Argentina aplica represalias económicas contra empresas chilenas que operan en su territorio, podría afectar empleos y negocios vinculados al comercio bilateral, especialmente en sectores como transporte y alimentos.
El biministro Mas insistió en que el Gobierno establecerá el marco legal, pero que la operación corresponde a un acuerdo entre privados. Según BioBioChile, la controversia ha escalado en Argentina, donde autoridades advierten sobre consecuencias para quienes contribuyan a actividades económicas en las islas que Buenos Aires considera parte de su territorio.
