El miércoles, la Sala del Senado aprobó la ley sobre Sociedades Anónimas Deportivas. Después de una década de tramitación, el proyecto entraba en la recta final para su promulgación. Aunque el cuerpo legal tendrá injerencia sobre todas las actividades, será en el fútbol donde sus efectos se sentirán con más fuerza.
Con la votación consumada, se activaron las alertas. Primero, la inquietud. Luego, el discurso fue cambiando. De hecho, se llegó a decir que el fútbol compartía el grueso del proyecto, sobre todo en la regulación del rol de los representantes de jugadores y en aclarar quienes son los verdaderos propietarios de los clubes. Tampoco había mayores aprensiones en la separación entre la ANFP y la Federación, que se transformó en una de las banderas de lucha de los impulsores de la iniciativa. “Estamos de acuerdo con la transparencia, así lo hemos hecho ver. Es importante que se acojan algunas indicaciones de los clubes para cosas menores que se puedan corregir“, declaró, el sábado, Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro.
En el fondo, eso sí, lo que menos hay es tranquilidad. Por esa razón, por ejemplo, se realizó una reunión con las autoridades deportivas del gobierno entrante, con Natalia Ducó, la futura ministra, a la cabeza.